PRETENDEMOS: 

Que la consensuada Constitución Española sea respetada por TODOS, y muy especialmente, por Su Majestad don Juan Carlos I de España (que ahora ocupa el mismo cargo de máxima autoridad del Estado que antes ocupaba el General Franco).

 Que quien se autodenomina Rey de todos los españoles, cumpla con el preceptivo juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos.

 Preceptivo juramento que ante las Cortes Generales presto al tomar posesión de su cargo, y que no cumpla con el que prestó cuando el General Franco le designó como su sucesor a la Jefatura del Estado y juró "fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino"

 Si Su Majestad el Jefe del Estado hubiera cumplido fielmente con ese juramento.

 PRIMERO Y PRINCIPAL: La pluralidad política se hubiera respetado y hoy el Senado no ejercería de inoperante duplicado del Congreso de los Diputados, con lo que, al ejerciendo de Juan palomo, han podido privatizar o auto-privatizarse empresa que antes eran de todos, y ahora son solamente de ellos o de unos pocos:

 La obsoleta y antidemocrática Ley de Enjuiciamiento Criminal, 41 veces retocada pero nunca actualizada que legaliza el que la Administración de Justicia continúe ejerciendo de órgano represor de los fundamentales derechos de los ciudadanos contribuyentes, se hubiera sustituido por la Ley Orgánica Procesal Penal que sí conocería de lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de lo dispuesto en la vigente Constitución Española.

 SEGUNDO: No podría obligársenos a otorgar poderes y ha pagar por adelantado a esos “letrados o simples mercenarios” no siempre honrados, porque sería el Ministerio Fiscal quien promovería la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley de oficio o a petición de los interesados, así como velaría por la independencia de los Tribunales y procuraría ante éstos la satisfacción del interés social.

 TERCERO: la ley del Tribunal del Jurado se habría aprobado muchísimos años antes, y no obligaría a los miembros del Tribunal del Jurado a juzgar a sus propios convecinos, con lo que las amenazas y represalias no serían estimadas.

 CUARTO: El Tribunal Constitucional no in-admitiría la práctica totalidad de los casi 10.000 recursos de amparo que recibe cada año, por que sus miembros podrían ser juzgados por los miembros del Tribunal del Jurado si incurren en el delito de prevaricación o prevaricato como son las de dictar resoluciones tan injustas como contrarias a Derecho, como es la de condenar “en última instancia” al recurrente, a la indefensión más absoluta.

 QUINTO: Actualmente no se estaría vulnerando, como se está vulnerando, el constitucional derecho de los ciudadanos contribuyentes, a que los delitos de prevaricación o prevaricato sean juzgados por los miembros del Tribunal del Jurado.

  También pretendemos:

 Pretendemos que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestro hijos puedan convivir democráticamente en paz con el resto de los españoles voten unos o voten otros a quienes voten.

       Para conseguirlo consideramos preciso que el único tribunal internacional competente para conocer en vía penal de los supuestos delitos de genocidio y de lesa humanidad supuestamente cometidos a partir de aquel aciago día 18 de julio de 1936, se pronuncie y, de una vez por todas, sepamos quienes fueron y que pretendían aquellos que instaron a los Generales Sanjurjo, Mola Onésimo Redondo y Franco para que se sirvieran de las fuerzas encomendadas a su mando por el Gobierno de la República para enfrentarse al Gobierno Republicano.

Una vez esté todo aclarado podremos los españoles perdonar o ser perdonados, y empezar a convivir democráticamente en paz como siempre hemos convivido antes de que "algunos" publicitaran excesivamente los supuestamente falsos delitos de quemar iglesia y conventos.